lunes, 12 de abril de 2010

Gobierno respaldó a general (R) Iván Andrusco


Estos son los antecedentes del director de Gendarmería en el “caso degollados”

El ex carabinero declaró como inculpado en dos oportunidades ante el ministro Milton Juica. Sus ex colegas aseguran que era uno de los principales asesores del entonces jefe de dicho servicio de inteligencia, el coronel Luis Fontaine, según revelan los documentos del proceso que publica El Mostrador. Organismos de derechos humanos temen que beneficie a sus ex colegas condenados en Punta Peuco. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo descartó de plano.

El recién nombrado director de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado PC Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que en 1985 secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes luego fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto.

Este proceso lo sustanció a principios de los 80 el ministro José Cánovas Robles y a fines de la misma década continuó la labor su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco en calidad de inculpado en dos oportunidades.

Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada, porque junto con pertenecer a la Dicomcar, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC -el 29 de marzo de 1985- era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo.

Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que en la práctica estaba descansando en su casa.

Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y luego el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos). En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 10 de mayo de 1990.

De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido por Juica debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien precisamente se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado por Juica a presidio perpetuo.

En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la Dicomcar, relató que dentro del organigrama interno el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente (ver documento anexo Miguel Sandoval). La versión fue confirmada por el propio Michea el mismo año (ver declaración adjunta).

Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día por secuestro y asociación ilícita.

En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronal Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco.

Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró ante Juica que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la tenencia Santa Adriana ocurrida a fines de 1984.

Esta declaración tomada por Juica buscaba establecer si Andrusco realizaba o no actividades operativas y no sólo de escolta.

El caso degollados fue uno de los episodios más complejos para la dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo el 2 de agosto de 1985, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.

POSTURA LINEAL

Pese a lo anterior, Andrusco ayer fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló.

Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y también durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe en este momento ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”.

En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También fue elegido en 2004 para integrar la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el país ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”.

Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores para confirmarlo y promoverlo es la confianza que tenemos nosotros también hoy día para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.

LOS “EX” COLEGAS

Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados -es decir sus ex colegas- y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad de facto.

Al respecto, Bulnes explicó ayer que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”.

Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan de pronto con la realidad de cómo se manejan las cosas.

Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal. Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código no escrito y siempre se consulta con el director nacional y éste con el Ministerio de Justicia.

La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el seremi de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios.

Para el caso puntual de los condenados por el caso degollados, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos, ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el Fanta, entre otros.

Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.

CONCIENCIA LIMPIA

Andrusco también se refirió a los cuestionamientos hechos por el parlamentario durante una visita que realizó al penal El Manzano de Concepción, que se vio afectado por el terremoto.

“Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada, mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes, por lo tanto en ese sentido no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”.

Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado General de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente trabajé como General en esta zona en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto yo creo que a esta altura no tengo que dar ninguna demostración ni ninguna prueba de idoneidad”.

viernes, 9 de abril de 2010

El obispo de Tenerife: 'Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan'


ENTREVISTA EN EL DIARIO CANARIO 'LA OPINIÓN'


MADRID.- "Puede haber menores que sí lo consientan -referiéndose a los abusos- y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan". Con estas palabras ha descrito el máximo responsable de la Iglesia en Tenerife, el obispo Bernardo Álvarez, el grave problema de los abusos a menores en una entrevista en el diario local 'La Opinión'.

El obispo además compara la homosexualidad con los abusos y, aunque asegura que la diferencia entre la homosexualidad y los abusos está clara, plantea una pregunta: "¿por qué el abusador de menores es enfermo?".

En cuanto su opinión sobre los homosexuales, Álvarez, pese a que asegura respetar esta condición sexual vuelve a mostrar su lado más crítico y afirma que "el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad".

Para el obispo, hoy en día "no es políticamente correcto decir que es una enfermedad, una carencia, una deformación de la naturaleza propia del ser humano. Eso que decía cualquier diccionario de Psiquiatría diez años atrás, hoy no se puede decir".

Además, considera que debido a la homosexualidad "a la larga pagaremos las consecuencias como las han pagado otras civilizaciones". Álvarez aconseja que para que no se lleguen a estos extremos "hay que promover la educación e inculcar los valores de la feminidad y la masculinidad".

A la pregunta de si hay que orientar la homosexualidad, el obispo se muestra aún más crítico y afirma que "no se puede dejar a las personas libradas a lo que salga (sic), ¿por qué no hacemos lo mismo con la violencia o con otros impulsos que tiene el ser humano?". Finalmente, asimila (la homosexualidad) a las agresiones sexuales, que "la persona practica como puede practicar el abuso de menores".

Por su parte, el obispado de Tenerife ha explicado que Bernardo Álvarez no ha tratado con sus declaraciones de justificar "en ningún caso, un hecho tan condenable como es el abuso a menores". En cuanto al resto de las declaraciones, el obispado remite únicamente a la entrevista.

Declaraciones que han abierto una fuerte polémica, sobre todo después de que algunas Diócesis de la Iglesia Católica, especialmente en EEUU -Boston, San Diego, Los Ángeles- e Irlanda -Dublín-, se hayan visto implicadas en graves escándalos de pederastia por los que la Iglesia ha llegado a realizar pagos millonarios a las víctimas.

lunes, 5 de abril de 2010

Red de Medios de los Pueblos se pronuncia sobre situación de los comunicadores Mapuche Richard Curinao y Pascual Pichún

“Estos casos constituyen hechos graves y una violación a la libertad de expresión, siendo a su vez, un grave atentado al Derechos a la Comunicación e información del Pueblo Mapuche. Repudiamos, por tanto, el actuar de los organismos policiales y de los tribunales chilenos que, a través de estas acciones, incurren en situaciones efectivas de persecución política de comunicadores indígenas y no indígenas”, señala la RMP. Reproducimos comunicado…


Red de Medios de los Pueblos se pronuncia sobre situación de los comunicadores Mapuche Richard Curinao y Pascual Pichún

Fuente: Red de Medios de los Pueblos


Carta de apoyo de la Red de Medios de los Pueblos a Comunicadores Mapuche víctimas de detención y persecución política por parte del Estado de Chile


De nuestra consideración:

Con consternación hemos visto en los primeros meses del este año 2010, las situaciones de persecución política de las que han sido víctimas dos comunicadores integrantes de las redes mapuche de comunicación en Chile. Se trata del caso del peñi, hermano mapuche, Richard Curinao y del peñi Pascual Pichún.

Richard Curinao el pasado 10 de febrero fue detenido por agentes policiales y requisados el disco duro del computador de su lugar de trabajo. Luego, fue trasladado por la fuerza a su domicilio y requisado también el disco duro de su computadora particular y diversos otros accesorios empleados en las funciones propias de su labor como comunicador.

Por su parte, el comunicador mapuche Pascual Pichún es considerado un preso político, dada la persecución judicial a su familia en el marco de la criminalización que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. El joven, hijo del Lonko Pascual Pichún de Temulemu (Traiguén), fue detenido el día pasado 26 de febrero en Temuco, tras estar refugiado en Argentina durante los últimos cinco años, luego de ser acusado y condenado por los tribunales chilenos a pesar de no existir pruebas concretas en su contra.

A lo anterior, se suman casos reiterados de periodistas y comunicadores chilenos y extranjeros que, por hacer registro de la situación actual del pueblo mapuche o que siendo solidarios con la causa mapuche, han sido sujeto de expulsión del país, de detenciones y/o de hostigamiento. Siendo emblemáticos los casos, recientes, del escritor vasco Asel Luzarraga y de la documentalista Elena Varela, cuyo juicio se inicia el próximo 12 de abril a casi dos años de su detención.

Estos casos constituyen hechos graves y una violación a la libertad de expresión, siendo a su vez, un grave atentado al Derechos a la Comunicación e información del Pueblo Mapuche. Repudiamos, por tanto, el actuar de los organismos policiales y de los tribunales chilenos que, a través de estas acciones, incurren en situaciones efectivas de persecución política de comunicadores indígenas y no indígenas, y manifestamos, a la vez por medio de esta carta, nuestra solidaridad y compromiso con quienes han sido vulnerados en sus derechos.

Cabe señalar, finalmente, que durante el pasado Examen Periódico Universal rendido por el Estado chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le formularon al gobierno más de 70 recomendaciones que, en importante número, tenían que ver con la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. Chile rechazó dos, y mantuvo reserva sobre otras cuatro. Entre ellas, la que le pedía investigar los casos de deportación y detención de periodistas y cineastas que trabajan con la realidad del pueblo mapuche. En su informe final, el Consejo señaló que el Estado no había sido claro en este punto. Es decir, si lo aceptó.

Por el Derecho la Libertad de Expresión y a la democracia en las comunicaciones de Chile y Latinoamérica.


Red de Medios de los Pueblos

sábado, 3 de abril de 2010

DECLARACION PÚBLICA SOBRE EL COSTOSO ACCESO SUR A SANTIAGO



Hace 2 semanas atrás fueron citados a los tribunales de Justicia, tres denuestros vecinos, acusados de diversos delitos, en el marco de las protestas al invasivo Acceso Sur a Santiago, este es un proyecto Transnacional de capitales españoles y chilenos. Esta es una construcción, que atraviesa el sector sur de la comuna de La Granja, de 2.9 Km. de largo en túnel. Una vez más el poderoso intenta aplastar al que no esta de acuerdo y utiliza cualquier método de sometimito. En el intento de mantener a la opinión Pública desinformada y atemorizada con las penas del infierno, se atrevieron a falsificar documentos Públicos, con la intención de opacar los movimientos sociales

No nos causa extrañeza de lo que son capaces de realizar, con el fin de doblegar nuestros derechos, en algún momento de la lucha emprendida por nuestra gente, incluso se nos amenazó con aplicar la famosa Ley de Seguridad del Estado

Debido al doble estándar que han tenido los 3 últimos gobiernos de la concertación y sumado a ellos Nuestras autoridades distritales y locales encargadas de fiscalizar el costoso Acceso Sur a Santiago, los vecinos afectados se vieron en la obligación de llamar la atención para que sus demandas fueran oídas, pero aun así, prefieren hacer tratos a espalda de los pobladores sin acordarse del precario proceso de Participación Ciudadana (Ley 19.300).

Solo el hecho de querer que se cumplan a cabalidad las Resoluciones de Calificación Ambiental nos da la razón. (En Abril del 2009 fue la última Auditoria), pero las exigencias legales no se han cumplido; nuestras calles, pasajes, áreas verdes y casas han sufrido deterioros considerable.

Las Autoridades del sector con un cinismo atroz se muestran preocupados del tema ante los vecinos pero se dejan convencer por el titular del proyecto al momento de tomar acuerdos dejando de lado los intereses de los pobladores por los de la Concesionaria

(Autopista del Maipo S.A.). 68 Millones de dólares fueron entregados por parte del Estado, a los dueños de esa sociedad por concepto indemnizatorio.

Dos de los detenidos, hicieron de los cierres, excavaciones, camiones y maquinarias, un ambiente normal porque cuando se inicio esta mezquina construcción ellos solo eran niños. Las demoras han tenido un costo social muy alto.En Chile a lasPrivatizaciones se les escondió con un nuevo nombre, Concesiones se empezaron a llamar a partir de 1997. Nacieron con la finalidad de que el estado pudiera ahorrar y los privados invirtieran entre otros, en carreteras. Cuál es el ahorro de esta obra, si se inicia con un costo de 355 Millones de dólares y actualmente tiene un costo de 705 millones de dólares. Y en proceso de un octavo contrato complementario el cual acrecentara este monto.